CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA: EL CASO MEXICANO

El Primer Imperio Mexicano (1821-23)

“La ruptura del Pacto Colonial significó para América Latina la desaparición de las grandes unidades administrativas creadas por el Imperio Español en América y el surgimiento de poderes regionales en pugna entre sí. La base del poder a lo largo de Hispanoamérica se desplazó hacia el mundo rural y se encarnó en la hegemonía de los hacendados que disponían  de ejércitos de peones militarizados.

Con pocas excepciones, en los treinta años siguientes a la caída del poder español en América, las unidades políticas fueron de alcance regional, inestables y con un aparato político institucional sumamente rudimentario.

A mediados del siglo XIX los cambios que se estaban produciendo en el sistema económico mundial repercutieron en Ibero América. El mayor interés de los países centrales por las exportaciones de los países agrícolas, ganaderas o extractivas y la instalación de inversiones europeas, obligaron a avanzar hacia la creación de Estados territoriales más extensos, con un sistema político y legal que sirviera de marco para el intercambio entre las elites económicas nativas y el mercado mundial. De esta manera, los viejos Estados caudillistas serían substituidos por modernos Estados Nacionales a lo largo de procesos complejos y conflictivos  que en algunos casos durarían décadas.”(1)

EL CASO MEXICANO:

“Si algo distingue a la experiencia mexicana del resto de Hispanoamérica fue el temor que despertó en los grupos dirigentes la participación de una base social peligrosa, integrada por indios y ‘castas’, en el intento independentista promovido por Hidalgo en 1810. Finalmente, ese movimiento popular fue derrotado y la independencia de 1821 fue una iniciativa política de carácter francamente reaccionario, promovida por los grupos de mayor peso económico y político.

Después de la declaración de su independencia el país fue agitado por constantes enfrentamientos, en lo que los choques de conservadores y liberales impidieron la estabilización, constituyendo a los caudillos militares en árbitros de sus permanentes conflictos. Como en el resto de las antiguas colonias españolas, durante estos años se dio en México ‘una trágica división y especialización del trabajo’: mientras los legisladores hacían leyes abstractas los militares llevaban a cabo golpes de Estado.

Frecuentes cambios de gobierno, efímeros ensayos constitucionales, algunas reformas liberales fracasadas, conformaron un cuadro que recién se modificó a partir de 1867, cuando los liberales lograron establecer un dominio estable. Las fuerzas centrífugas que la independencia puso en marcha alentaron algunas intervenciones extranjeras (española, francesa y norteamericana), que además de las pérdidas materiales y humanas endeudaron considerablemente al país y recortaron su territorio.”(1)

LAS ETERNAS LUCHAS INTERNAS DE MÉXICO:

“El primer intento reformista fue emprendido por Valentín Gómez Farías; el ideólogo de esos cambios fue José María Mora (1794-1850), un clérigo liberal que fue su principal consejero durante los meses que estuvo en ejercicio de la presidencia (entre abril de 1833 y mayo de 1834). Mora propició la secularización de los bienes eclesiásticos, la extinción del diezmo y el desarrollo de un sistema educativo controlado por las autoridades públicas; con estas ideas, este sacerdote –doctor en teología, apóstata y masón- fue un precursor de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma de 1859. También se manifestó contra la intolerancia religiosa y por la estricta separación de la religión y la política; además reclamó la supresión de los fueros eclesiásticos y militares y el establecimiento de la igualdad individual.

En el trabajo en el que expuso sus ideas, Mora se extiende sobre el origen, la distribución y el empleo de los bienes eclesiásticos, para concluir que éstos deben quedar sujetos a la autoridad temporal. A través de herencias dispuestas por los fieles, diezmos que gravaban la agricultura y derechos parroquiales o de estola exigidos por los clérigos a cambio de sus servicios, la Iglesia mexicana había concentrado una enormes riqueza en fincas urbanas y propiedades territoriales en gran medida improductivas y pésimamente administradas; las rentas que proporcionaban estas propiedades estaban desigualmente distribuidas entre la jerarquía eclesiástica, que llevaba una vida opulenta, y los simples curas, de existencia miserable. Esta acumulación de bienes, que por otra parte crecía constantemente, conspiraba contra lo que Mora consideraba como la base del progreso social: la formación de una extensa capa de pequeños propietarios rurales. El intento reformista de Gómez Farías fue frustrado por una rápida intervención del presidente López de Santa Anna que se encontraba refugiado en una de sus haciendas, el que dejó sin efecto las medidas; Mora, por su parte, partió hacia el exilio en París de donde no regresaría.

México no sólo sufrió la independencia de Texas. Yucatán y Río Grande fueron dos de las provincias que intentaron independizarse en el siglo XIX.

En 1847 se realizó otro intento desamortizador, igualmente frustrado. En algunos aspectos las circunstancias eran similares a 1833: el presidente electo era López de Santa Anna y Gómez Farías se encontraba a cargo del ejecutivo por ausencia de su titular, que comandaba el ejército que enfrentaba a los invasores norteamericanos. La presencia de tropas extranjeras, los ingentes gastos de guerra, las enormes deudas y la escasez de ingresos fiscales llevaron al vicepresidente a solicitar al Congreso autorización para proporcionarse hasta quince millones de pesos a través de hipotecas o venta de bienes de mano muerta, para continuar la guerra. Previamente el gobierno había realizado algunos intentos de conseguir los recursos por medio de la Iglesia. Desde el punto de vista económico los resultados fueron nulos, ya que no entró un solo peso al erario nacional; el intento originó una sublevación, la rápida intervención de Santa Anna y la supresión de la vicepresidencia, ya que Gómez Farías se negó a renunciar. La desamortización de los bienes eclesiásticos, además de otro ‘bienes de manos muertas’ pertenecientes a los ayuntamientos y a las comunidades indígenas, recién tendrá éxito a partir de 1857 con el triunfo de los liberales.

El tramo final de la lucha entre liberales y conservadores se inició en 1854 con la revolución que expulsó del poder a José Antonio López de Santa Anna, caudillo ideológicamente inconsecuente que durante el cuarto de siglo anterior dirimió los conflictos internos convocando alternativamente a uno y otro bando. El triunfo de los liberales se concretó en la Constitución de 1857, que afectó los intereses del Ejército y la Iglesia y originó la reacción clerical-conservadora; el resultado fue una guerra civil que duró tres años y la posterior intervención de los franceses, auspiciada por sectores conservadores, que dio lugar a una guerra de liberación nacional que se prolongó hasta 1867. Tras la derrota de Maximiliano de Austria se consolidó la hegemonía liberal durante las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, la que se prolongó con un marcado tono oligárquico durante el régimen de Porfirio Díaz, desde 1876 a 1910.

Maximiliano de Habsburgo, Emperador de México

Con las LEYES DE REFORMA –aprobadas por Juárez en medio de la guerra civil que sostenía con los conservadores apoyados por el clero- el liberalismo mexicano profundizó las medidas secularizadoras contenidas en la Constitución de 1857. 

En el curso de pocos meses se aprobaron varias leyes que modificaron sustancialmente las relaciones con la Iglesia y produjeron la ruptura con Roma:

*El 12 de julio de 1859 se ordenó la NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO Y LA SEPARACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE LA IGLESIA CATÓLICA; el 23 se ESTABLECIÓ EL MATRIMONIO CIVIL;

*cinco días después se creó el REGISTRO CIVIL; tres días más tarde se SECULARIZARON LOS CEMENTERIOS;

*el 3 de agosto se mandó retirar la legación de México acreditada ante la Santa Sede y se ordenó la salida de monseñor Clementi, delegado papal en el país;

*el 4 de diciembre de 1860 se decretó la LIBERTAD DE CULTO.

Bandera del Segundo Imperio Mexicano

Ya victorioso e instalado en Ciudad de México, Juárez NACIONALIZÓ LOS HOSPITALES Y OBRAS DE BENEFICENCIA (1861) y promulgó la EXTINCIÓN DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS (1863). En sus enfrentamientos con la Iglesia Juárez estimuló el establecimiento de una iglesia mexicana, propiciando un cisma; al mismo tiempo, los gobiernos liberales propiciaron la difusión del protestantismo como manera de erosionar la influencia católica entre la población.

Benito Juárez, el líder federal que derrotó a los franceses y al Segundo Imperio

Esta última política fue la que se afirmó a partir de la presidencia de Lerdo de Tejada; el proyecto cismático cobró nuevo impulso a mediados de la década de 1920, cuando el gobierno mexicano afrontó un nuevo pico de enfrentamiento con los católicos.

CONTRA LOS PRIVILEGIOS CORPORATIVOS:

Desde la colonia, la acumulación de tierras en pocas manos fue una de las características dominantes de la economía hispanoamericana. La Iglesia figuraba entre los más grandes propietarios y el problema de los ‘bienes de manos muertas’ es una de las claves de sus conflictos con los gobiernos de inspiración liberal, especialmente en aquellos países donde la propiedad eclesiástica era cuantiosa; también poseía fincas urbanas, cuyo arrendamiento le proporcionaba rentas que destinaba en parte al sostenimiento  de las obras benéficas y educativas que estaban a su cargo. Las acciones desamortizadoras formaron parte de las reformas borbónicas y tuvieron el propósito de terminar con una acumulación improductiva, poniendo a disposición de pequeños propietarios tierras para su explotación. El propósito de favorecer la pequeña propiedad campesina también estuvo presente en Hidalgo y Morelos y fue anunciado posteriormente por los ideólogos liberales, asociada en algunos casos a la intención de favorecer la colonización y radicación de extranjeros.  En los países con densa población aborigen el individualismo liberal orientó el despojo de comunidades indígenas y la venta de las tierras ejidales; en nombre de las libertades individuales los liberales embistieron contra el régimen tradicional de propiedad indígena, con el doble propósito de que ingresaran en el mercado las tierras y la mano de obra requerida para el desarrollo de una agricultura comercial. En general, el resultado fue la acumulación de más tierras en manos de antiguos terratenientes y de una burguesía rica, indiferente a las excomuniones que fulminaban los clérigos en estos casos. La disconformidad resultante –sumada a la tradicional influencia religiosa sobre los indígenas- favoreció en algunos casos la movilización aborigen bajo el influjo religioso para resistir las medidas liberales.

Las manos muertas eran la acumulación de bienes por la Iglesia o por las comunidades indígenas, que por su propia naturaleza impedían legalmente que una vez ingresadas en la masa patrimonial de dichas corporaciones los mismos pudieran ser vendidos o hipotecados, salvo casos excepcionales, es decir, salían del comercio, por lo que se decía que pasaban a ‘mano muerta’, o se AMORTIZABAN. Durante los tres siglos de la Colonia se había producido la amortización de una gran cantidad de bienes raíces en manos de los ayuntamientos y de la Iglesia, a los que había que agregarle las tierras de las comunidades indígenas.

La desamortización de los bienes eclesiásticos por parte de los gobiernos liberales de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada cabalgaba entre lo económico y lo político-ideológico: se trataba, por una parte, de volver una gran masa patrimonial al comercio, destruyendo a la vez la base material sobre la que se asentaba el enorme poder eclesiástico.

La Ley Lerdo de 1856 disponía que todas las fincas rústicas urbanas se adjudicaron a sus arrendatarios por el valor de su renta anual calculada; en caso de que no se pagara arrendamiento, se debía calcular su monto a través de peritos designados por las partes (y de un tercero, en caso de discrepancia) a fin de determinar el precio de la finca. Las fincas no arrendadas, o aquellas cuyos arrendatarios renunciaran a su derecho de adquirirlas, podían ser vendidas voluntariamente con autorización gubernamental o salían a remate. Los bienes de las comunidades indígenas que no estuvieran arrendados tenían que repartirse entre los miembros de la comunidad.

La desamortización de los bienes de las comunidades civiles y eclesiásticas originó enormes problemas. Se afectaba a sectores muy poderosos, que resistieron la pérdida de innumerables bienes; las leyes sólo les permitían conservar aquéllos indispensables para el cumplimiento de su objetivo social, que en el caso de la Iglesia fueron –en primera instancia- los edificios de conventos, palacios episcopales, colegios, hospitales, hospicios, casas de beneficencia y las destinadas al alojamiento del clero secular. En el caso de México, donde existía una Iglesia sumamente rica y muy influyente, la desamortización originó tremendas resistencias y desembocó en una guerra civil. Para preservar su propiedad el clero se valió de ocultamientos, fraudes y transferencias ilegales a testaferros; en algunos Estados, las propias autoridades favorecieron estas maniobras. Durante la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, entre 1858 y 1861, los clérigos apoyaron a los conservadores en su intento de anular la aplicación del programa liberal. La resistencia no hizo más que exacerbar a los liberales, que aprobaron medidas todavía más radicales que las que hemos mencionada más arriba. En su desesperación, los conservadores y la Iglesia de México apoyaron la ocupación francesa y la instalación del Imperio de Maximiliano de Habsburgo que, curiosamente para ellos, mantuvo las medidas respecto a la desamortización y nacionalización de los bienes del clero.”(1)

Maximiliano de Habsburgo fusilado luego de su derrota

EFECTOS DE LAS REFORMAS:

“El rendimiento económico que obtuvo el Estado Mexicano de la desamortización fue modesto y el proyecto de fomentar la pequeña propiedad rural no se concretó. En la mayoría de los casos los inquilinos no adquirieron las fincas desamortizadas, las que fueron a parar a manos más poderosas. Los ocultamientos y simulaciones fueron muchos y frecuentemente el clero siguió siendo dueño de bienes aparentemente transferidos, cubriendo fraudulentamente las formas legales. Tampoco faltaron los chascos para la Iglesia por parte de algunos testaferros aprovechados.

Los efectos políticos fueron más importantes y perdurables: los clérigos perdieron el control del registro civil, de la educación y de la beneficencia y las autoridades quitaron todo apoyo oficial a las autoridades religiosas. La reforma liberal quedó consolidada con el decreto del 25 de septiembre de 1873 por el cual el presidente Lerdo de Tejada incorporó a la Constitución de 1857 las Leyes de Reforma dictadas después de 1857: a través de cinco artículos se dispuso la independencia del Estado respecto de la Iglesia; la secularización del matrimonio y demás actos del estado civil de las personas; la prohibición de que cualquier institución religiosa adquiriese bienes raíces o capitales impuestos sobre los mismos, con excepción de los que de destinaran inmediata y directamente al objeto de dichas corporaciones; la prohibición de las órdenes monásticas y el cambio del juramento por la promesa.” (1)

NOTAS:

(1): RECALDE Y OTROS: “Historia Argentina y Latinoamericana I”, Aula Taller, 2005, pags.156 a 161.